Antes de la controversia por la carta en el Congreso, en agosto de 2023 el diputado Samuel Pérez Álvarez protagonizó un hecho que también dañó su imagen pública: un video viral lo mostró agrediendo físicamente a un guardia de seguridad privada en un edificio en la zona 4 de Ciudad de Guatemala.
En las imágenes, Pérez intenta ingresar por la fuerza al edificio y se observa cómo empuja al guardia privado que intentaba impedirle el paso, en medio de un forcejeo que llamó la atención de los transeúntes y usuarios en redes sociales.
Una disculpa pública, aunque ¿será suficiente?
Tras la viralización del video, el diputado emitió un comunicado de disculpas públicas en sus redes sociales. Reconoció que su comportamiento no fue el esperado de alguien que ocupa un cargo público y dijo estar arrepentido. Aseguró también haber conversado directamente con el guardia involucrado identificado como Hugo Xol así como con la administración del edificio, quienes, según él, aceptaron sus disculpas.
Aunque lo negó, el episodio generó amplia atención mediática y numerosos ciudadanos junto con analistas políticos pusieron en tela de juicio tanto el comportamiento del legislador como la aparente ausencia de sanciones oficiales más allá de una disculpa. Un acto de agresión física, aun sin consecuencias graves, deja en entredicho la capacidad de un representante público para conservar la calma ante escenarios de tensión.
¿Qué sanciones deberían aplicarse?
Aunque Pérez presentó disculpas, el incidente impulsa una reflexión más amplia sobre la manera en que los funcionarios públicos han de rendir cuentas ante la ley:
- Investigación formal: dado que el incidente incluyó una agresión física contra un integrante del personal de seguridad, resulta posible iniciar una pesquisa penal por ataque o por un eventual uso desmedido de la fuerza.
- Sanciones administrativas: el Congreso tendría la facultad de poner en marcha, aun sin una denuncia previa, un procedimiento interno destinado a determinar si el diputado vulneró las normas de conducta parlamentaria.
- Reparación del daño: además de emitir una disculpa pública, podría considerarse la obligación de compensar oficialmente al guardia involucrado por cualquier lesión o perjuicio que hubiese sufrido.
El episodio de violencia contra un guardia no solo deterioró la imagen de Samuel Pérez como legislador, sino que también evidencia la necesidad urgente de contar con mecanismos claros que regulen la conducta de los funcionarios públicos fuera del ámbito legislativo; pese a haber ofrecido disculpas, una parte significativa de la población aún espera una respuesta política y jurídica más contundente que reafirme que nadie está por encima de la ley.
