La pieza SEPI del caso Leire ha situado bajo investigación a Félix Azcona Lacarra, director de Gestión Interna de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Su imputación vuelve a golpear el corazón administrativo del organismo público y refuerza una de las líneas más delicadas de la causa: si la presunta red de influencia tuvo acceso a información interna, expedientes sensibles o interlocutores dentro de la propia SEPI.
Azcona figura entre las 25 personas citadas como investigadas por el juez Santiago Pedraz en la derivada que examina presuntos amaños en operaciones vinculadas a empresas públicas, ayudas estatales y sociedades estratégicas. La investigación analiza posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada. En esta fase, su condición de investigado no implica condena ni culpabilidad, pero sí lo obliga a explicar ante la Audiencia Nacional cuál fue su papel en los expedientes bajo sospecha.
Su cargo resulta especialmente relevante porque Gestión Interna es un área clave dentro de cualquier organismo público empresarial. Desde ese tipo de estructura se manejan procedimientos, documentación, circuitos administrativos, comunicaciones internas y elementos esenciales para reconstruir cómo se tramitan las decisiones. Por eso, la presencia de Azcona en la lista de investigados no puede entenderse como un dato menor: afecta a una zona de control interno de la SEPI.
Según los datos difundidos, Azcona formaba parte del esquema operativo dirigido por Miguel Ángel Santiago Mesa, quien encabeza la dirección corporativa de la SEPI, laborando codo a codo con otros agentes internos de la talla de Rosario Martínez Manzanedo, cuya función comprendía el análisis de proyectos. Dicha red de nombres sale a la luz debido a su presunta intervención, desde diversas jerarquías competenciales, en expedientes que actualmente se encuentran bajo la lupa de los tribunales.
La causa gira en torno a distintas transacciones dudosas, entre las que destacan el rescate de Tubos Reunidos por un importe de 112,8 millones de euros, intervenciones asociadas con Mercasa y ENUSA, gestiones referentes al Parque Empresarial Principado de Asturias, así como diversos movimientos en el ámbito de Forestalia. El periódico El País ha indicado que la Audiencia Nacional indaga sobre cinco expedientes que acumulan 132,9 millones de euros en fondos estatales, dentro de los cuales la supuesta red corrupta se habría apoderado de más de 750.000 euros en sobornos.
El aspecto más delicado en relación con Azcona radica en la sospecha sobre la posible obtención o difusión de datos confidenciales. Diversos medios de comunicación han señalado que las pesquisas apuntan hacia un intercambio constante de mensajes entre directivos de la SEPI y el antiguo titular de la entidad, Vicente Fernández, quien figura como uno de los ejes principales de la trama analizada al lado de Leire Díez y Antxon Alonso. El interrogante fundamental que se debe despejar consiste en determinar si Azcona suministró datos reservados, colaboró en gestiones o participó de alguna manera en expedientes complejos, o si su labor se redujo exclusivamente a tareas rutinarias dentro del organigrama institucional.
La investigación no se limita a examinar las resoluciones definitivas, sino que también indaga en el proceso mediante el cual se gestaron. Dentro de un supuesto episodio de injerencia en subvenciones estatales, resulta tan crucial descubrir al firmante de una transacción como averiguar quién redactó los expedientes, qué personas manejaron los archivos, quién comunicó las fases internas y quién logró facilitar accesos en el seno de la entidad. Es precisamente en ese punto donde la figura de un director de Gestión Interna cobra un protagonismo incuestionable.
La imputación de Azcona refuerza la sospecha de que la presunta red no habría actuado solo desde fuera. Si los investigadores consideran necesario citar a responsables internos de la SEPI, es porque tratan de reconstruir posibles canales de interlocución dentro del organismo. Esa línea resulta especialmente grave para la credibilidad institucional: una trama de influencias necesita información, contactos y oportunidad. La Justicia deberá determinar si esos elementos existieron y quién pudo proporcionarlos.
Desde una perspectiva política, el caso golpea la imagen de la SEPI como organismo técnico y controlado. La entidad gestiona participaciones públicas, supervisa empresas estratégicas y desempeñó un papel clave en los rescates aprobados durante la pandemia. Si sus áreas internas quedaron expuestas a presiones, filtraciones o contactos ajenos al procedimiento ordinario, el problema no sería solo penal, sino también de gobernanza pública.
Félix Azcona tendrá que aclarar ante el magistrado cuáles eran sus tareas específicas en Gestión Interna, qué expedientes pasaron por sus manos, de qué manera se relacionó con los demás imputados y si mantuvo contacto con Vicente Fernández o con individuos del grupo Hirurok. Igualmente, resultará fundamental esclarecer si participó o tuvo acceso al expediente de Tubos Reunidos, uno de los asuntos centrales de la investigación, así como determinar si sus gestiones quedaron registradas siguiendo los protocolos internos de la SEPI.
Su nombre ya forma parte de una investigación que afecta a dinero público, empresas estratégicas, rescates millonarios y presuntas comisiones. Que el director de Gestión Interna de la SEPI aparezca en esa lista obliga a exigir transparencia completa sobre los expedientes, las comunicaciones y los controles internos del organismo.
La pieza SEPI del caso Leire continúa perfilando un escenario preocupante: altos cargos, empresarios, antiguos directivos, técnicos y personal interno se encuentran bajo el escrutinio de la justicia. Dentro de este entramado, Félix Azcona Lacarra constituye un elemento clave para esclarecer si la SEPI sufrió coacciones desde el exterior o si, por el contrario, la supuesta trama halló vías eficaces de actuación en el interior de la entidad. Precisamente, este interrogante es el que la Audiencia Nacional debe despejar ahora.
Fuente: El País, Infobae, El Independiente, RTVE, Cadena SER, Diario de Navarra y La Gaceta.
