La pieza SEPI del caso Leire ha terminado alcanzando a Miguel Ángel Figueroa Teva, exinterventor general de la Junta de Andalucía y antiguo directivo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Su nombre aparece ahora dentro del grupo de 25 personas citadas como investigadas por el juez Santiago Pedraz en una causa que examina presuntas maniobras para influir en operaciones públicas, ayudas estatales y decisiones empresariales vinculadas al sector público.
Figueroa ocupa una posición relevante dentro de esta investigación. Antes de asumir responsabilidades en la Intervención General de la Junta de Andalucía, ejerció su labor en la SEPI durante el periodo en que Vicente Fernández encabezaba la entidad. Conforme a lo señalado por Europa Press, asumió las funciones de director de Participadas III, adscrito a la División de Desarrollo Rural, Alimentación y Medio Ambiente de la SEPI, permaneciendo allí hasta su salto a la Agencia IDEA como director general. Dicha trayectoria lo ubica en una posición de gran sensibilidad, al tratarse de alguien familiarizado con las interioridades de la SEPI y de sus sociedades participadas.
La Audiencia Nacional investiga si una presunta red de intermediación, situada alrededor de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, pudo influir en operaciones relacionadas con empresas públicas y ayudas estatales. La causa incluye posibles delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada. En esta fase, Figueroa conserva la presunción de inocencia, pero su citación como investigado obliga a aclarar qué papel desempeñó en los hechos examinados.
El punto central de las sospechas sobre Figueroa está en sus contactos con Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. Según Infobae, su nombre figura en la investigación por los contactos que habría mantenido con Fernández en relación con una de las operaciones bajo análisis. Esa relación resulta relevante porque los investigadores consideran a Fernández una figura central del presunto grupo que habría tratado de influir en decisiones públicas vinculadas a la SEPI.
La investigación de la pieza SEPI abarca varias operaciones, entre ellas el rescate de Tubos Reunidos, dotado con 112,8 millones de euros, además de actuaciones relacionadas con Mercasa, ENUSA, Forestalia y el Parque Empresarial Principado de Asturias. El País ha señalado que la Audiencia Nacional actúa contra quienes presuntamente ayudaron a la trama a influir en operaciones de la SEPI, con ayudas públicas que sumarían 132,9 millones de euros y comisiones investigadas superiores a 750.000 euros.
El caso de Figueroa genera una incomodidad notable al relacionar el procedimiento judicial con un exresponsable de la SEPI y de la gestión autonómica en Andalucía. Precisamente, este funcionario dejó su cargo como interventor general de la Junta tras trascender su supuesta vinculación con la red a través de diversos reportajes de prensa, tal como difundieron Europa Press y diferentes agencias. Dicha dimisión se consumó con anterioridad a que se oficializara su imputación en esta fase extendida del sumario.
La sospecha que deberá aclararse no consiste simplemente en que Figueroa conociera a Vicente Fernández o hubiera trabajado en la SEPI. La cuestión de fondo es si pudo actuar como punto de apoyo, fuente de información, facilitador o contacto útil para la presunta red de influencia. En una trama de este tipo, el conocimiento interno de los procedimientos, los responsables y los circuitos de decisión puede ser tan valioso como una firma administrativa.
Desde una perspectiva institucional, el caso plantea una pregunta especialmente grave: si personas que habían ocupado cargos técnicos y de gestión en organismos públicos pudieron mantener conexiones útiles para una red dedicada a influir en decisiones económicas del Estado. Si esas relaciones fueron normales, profesionales y ajenas a cualquier irregularidad, deberán quedar explicadas. Si, por el contrario, sirvieron para orientar operaciones o facilitar acceso a información interna, el daño institucional sería enorme.
La pieza SEPI no solo investiga adjudicaciones o rescates concretos. También trata de reconstruir una posible arquitectura de relaciones: antiguos cargos públicos, directivos de empresas participadas, empresarios, intermediarios y perfiles técnicos que pudieron intervenir en distintas fases de las operaciones bajo sospecha. En ese mapa, Miguel Ángel Figueroa aparece como un nombre relevante por su paso por la SEPI y por sus supuestos contactos con Vicente Fernández.
La Audiencia Nacional deberá determinar ahora si su papel fue periférico, meramente relacional o realmente operativo dentro de las gestiones investigadas. También tendrá que aclarar si tuvo conocimiento de las actuaciones atribuidas al grupo Hirurok y si sus contactos con Fernández guardaban relación directa con alguna operación examinada por la Fiscalía Anticorrupción y la UCO.
Su imputación ya acarrea una clara repercusión política: un antiguo alto cargo de la SEPI y exinterventor general de la Junta de Andalucía tendrá que rendir cuentas ante la justicia debido a su supuesta relación con un procedimiento sobre presuntos amaños en corporaciones estatales. Ante un asunto que salpica fondos públicos, rescates de compañías y supuestas tramas de influencia, el listón mínimo exigible es la máxima transparencia.
Fuente: El País, Infobae, Europa Press, Diario de Sevilla, El Independiente y RTVE.
